Causas de Justificación y Exclusión de Culpabilidad en Derecho Penal
Clasificado en Derecho
Escrito el en español con un tamaño de 11,37 KB
Ausencia de Interés
En ocasiones, aunque el legislador considere un bien como digno de protección, puede ser que su titular no tenga interés en defenderlo.
El consentimiento del titular del bien a veces se integra como elemento del tipo; se trata de los delitos construidos a base del disentimiento del titular. Por ello, el consentimiento del titular hace la conducta atípica porque no lesiona el bien jurídico protegido.
Para que la ausencia de interés fundamente una causa de justificación es necesario que el consentimiento no forme parte del tipo. Es decir, que el legislador proteja ese bien con independencia de lo que piense el titular del mismo, aunque, si el titular renuncia a la protección que el ordenamiento jurídico ofrece al bien, el ordenamiento no se oponga.
Hay que tener en cuenta que el bien jurídico puede tener más de un titular, o que haya un titular mediato además del inmediato. En ese caso no solo vale con el consentimiento del titular inmediato.
Finalmente hay supuestos de bienes jurídicos no disponibles por el titular. Se puede reducir al anteriormente indicado.
Hasta hace poco se incluían como indisponibles la vida y la integridad física, pero hoy en día solo cabe incluir la integridad física por la Ley reguladora de la eutanasia. Trata de cooperar activamente a la muerte de una persona cuando se cumpla lo exigido por la ley, es decir, cuando una persona mayor de edad sufra una enfermedad grave e incurable que afecte a la autonomía y que genere un sufrimiento físico o psíquico constante, solicite la ayuda para morir.
Esto puede desencadenar efectos perniciosos, como trasladar la idea de que hay vidas que valen menos, y por ello se puede prescindir de ellas; favorece una presión moral sobre ancianos y enfermos, que pueden verse inducidos a su desaparición para no ser molestos; desincentiva la inversión en cuidados paliativos; y empeora la relación médico-paciente. Por ello, se puede llegar a valorar muy negativamente esta legalización.
Efectos de las Causas de Justificación
El efecto fundamental de las causas de justificación es que convierten la conducta en conforme a Derecho, es decir, la justifica, a pesar de ser típica. De este efecto se deducen los demás.
La primera consecuencia, es que no cabe usar una causa de justificación contra otra, puesto que la conducta del que actúa con una causa de justificación es jurídica. No cabe defenderse ante el que actúa con una causa de justificación (policía deteniendo a alguien).
En el campo de la participación criminal es lícito tomar parte en la conducta del que actúa con una causa de justificación, puesto que se está participando en una acción jurídica. Es punible la autoría mediata a través de un autor inmediato cubierto por una causa de justificación.
No se pueden aplicar medidas de seguridad al que actúa amparado por las causas de justificación, ya que no se ha cometido “un hecho previsto como delito”, lo que en el lenguaje de las leyes equivale a una acción típica y antijurídica.
Finalmente, las causas de justificación no sólo eximen de responsabilidad criminal, sino también de responsabilidad civil derivada del delito. La única excepción la constituye el estado de necesidad. Tal norma no tiene un fundamento penal, sino civil: el de evitar un enriquecimiento injusto.
Los supuestos de una eximente incompleta se tratarán al hablar de las circunstancias atenuantes y los de una causa de justificación putativa, al tratar el error del tipo.
Concepto de Culpabilidad
Suele decirse que actúa culpablemente el que, según el ordenamiento jurídico, pudo abstenerse de realizar la acción típica y antijurídica.
Algunos incluyen en el concepto de la exigencia de que el sujeto pudiera realizar otra acción distinta de la que puso; pero esto no es necesario. Basta con que pudiera abstenerse de dicha acción.
Suele hablarse también de “atribuibilidad”, aunque este término no explica directamente la disvaloración jurídico-penal que incluye el término “culpabilidad”. También se utiliza la palabra “responsabilidad”, que indica la obligación de cargar con las consecuencias de los propios actos. Finalmente se usa el término “reprochabilidad”, que señala que la conducta es atribuible al sujeto activo, que se le disvalora a él por haberlo realizado.
A su vez no se trata de un concepto moral de culpabilidad, sino jurídico. El sujeto puede estar disconforme con la ley y por ello creer que ha obrado rectamente, pero el reproche de la culpabilidad es el que se contiene en la ley penal; por lo que en estos casos no le queda al sujeto estos casos de disconformidad más que los estrechos límites de la objeción de conciencia.
El Libre Albedrío
La fundamentación de la culpabilidad en el libre albedrío ha sido la constante en la ciencia del Derecho Penal durante siglos. Sólo con la aparición de la escuela positiva y de las corrientes deterministas en el siglo XIX se comienzan a intentar otras fundamentaciones.
A pesar de ello, sigue siendo doctrina dominante entre los penalistas actuales basar la culpabilidad en la libertad del ser humano.
Para comprender la cuestión conviene aclarar el modo del conocimiento científico en general, para pasar a analizar el concepto de libertad, las pruebas de su existencia en el hombre, los límites de la misma y terminar con el estudio de lo que significa hacer de la libertad el fundamento de la culpabilidad.
Concepto de Libertad
Puede definirse la libertad como la capacidad de autodeterminación del ser humano que le constituye en persona y que le diferencia de los restantes seres vivos. La libertad no es independencia absoluta, sino relación y toma de postura ante los seres circundantes. El ser humano es libre para darse o encerrarse en sí mismo. En el aspecto social la libertad está asociada con la de otros. Por eso, cuando alguien rompe esa relación, ofende a los demás y rechaza la justicia como igualdad intersubjetiva.
Ser libre es algo propio del ser de la persona humana. Por eso las ciencias del hombre ponen la diferencia fundamental entre la persona humana y los restantes seres vivos.
Labor del Juez Penal
Al Juez de lo Penal se le exige una tarea humanamente casi imposible; la de averiguar si el reo era libre en el momento de poner la acción típica y antijurídica, momento que como mínimo dista meses y aun años del tiempo en el que se celebra la vista.
Pero, aparte de esa dificultad temporal, el Juez carece frecuentemente de medios precisos para determinar sobre la culpabilidad de un sujeto, ya que la libertad es algo interno al mismo. En su ayuda viene la ley que establece una serie de presunciones iuris et de iure sobre el grado de libertad del autor del delito: que se llama la teoría normativa de la culpabilidad.
Teoría Estrictamente Normativa
Esta teoría corresponde a los supuestos científicos de su escuela (el finalismo). Al trasladar el dolo y la culpa a la acción, no queda para la culpabilidad más que la reprochabilidad: la atribución al sujeto de la acción típica y antijurídica.
Para el finalismo, el contenido de la culpabilidad es triple:
La imputabilidad, cuyo núcleo central es la capacidad de libertad del autor del hecho. No es mero presupuesto de la culpabilidad, sino condición esencial de la misma, porque sin la imputabilidad no se podría reprochar al sujeto su acción típica y antijurídica. Según Welzel el centro de la culpabilidad hay que ponerlo en que el autor podría haber actuado de otro modo. La ley ha establecido la praesumptio iuris et de iure de que son inimputables, los que carecen de libertad y por eso se sustituye la pena por una medida.
La conciencia de la antijuricidad del hecho. Por la teoría normativa se limita a la posibilidad de dicho conocimiento. La falta de dicha posibilidad, si es invencible, excluye totalmente la culpabilidad; mientras que si es vencible, subsiste una reprochabilidad.
La ausencia de causas de exculpación. Tales causas no excluyen la posibilidad de actuar de otro modo y, por tanto, no excluyen la libertad; sino que por el sentido del Derecho Penal como ultima ratio deja de castigarse la conducta porque se piensa que no es exigible penalmente.
Tras analizar la teoría normativa se puede comprender por qué se dice que “actúa culpablemente el que, según el ordenamiento jurídico pudo abstenerse de realizar la acción típica y antijurídica”. Porque ni siquiera todo inimputable carece siempre de la libertad (menor de catorce años, por ejemplo). Lo que sucede es que el ordenamiento jurídico ha decidido normativamente no hacerlos culpables, a veces por motivos educacionales y en otras ocasiones por razones de política criminal.
Efectos de las Causas de Exclusión de la Culpabilidad
Los efectos de todas las causas de exclusión de la culpabilidad (causas de inimputabilidad, error de prohibición, causas de exculpación) son diversos, hablados en las causas de justificación.
Todos ellos se derivan del hecho de que la conducta no es justificada, sino meramente declarada no culpable por el ordenamiento jurídico.
Por ello se puede ejercitar una causa de justificación contra un autor que meramente se encuentra amparado por una causa de exclusión de culpabilidad.
La participación de otros sujetos con un autor amparado por una causa de exclusión de culpabilidad es en principio punible; aunque en algunos casos puede quedar amparado por la misma. La razón es que la acción del autor es antijurídica.
Por ello se le pueden aplicar medidas de seguridad al que se encuentre amparado por estas, aunque no se suele realizar respecto al error de prohibición, por no hablarse de ello en el CP.
Finalmente, las causas de exclusión de la culpabilidad dan lugar a responsabilidad civil; porque, aunque la conducta no sea culpable, es antijurídica. Esto quiere decir que no tiene consecuencias penales, pero sí civiles, al estar en contra del ordenamiento jurídico.
Interés Preponderante
En ocasiones se da un conflicto de intereses entre dos bienes jurídicos. Este puede darse entre dos bienes de igual o distinto rango.
Cuando son de rango distinto, y se sacrifica uno de ellos para salvar el de rango mayor, dicha lesión no puede considerarse contraria al ordenamiento jurídico, puesto que se ha realizado en aras de salvaguardar otro bien jurídico al que el ordenamiento jurídico da primacía.
A veces los bienes jurídicos son de igual rango, pero las especiales circunstancias en las que se desenvuelve la acción típica hace que el legislador considere preponderante uno sobre el otro, otorgándole una mayor protección, que justifica la conducta típica. Así sucede en la legítima defensa, cuando el agredido tiene que matar al agresor injusto para salvar su propia vida.
Más discutible es el caso de legítima defensa del propio patrimonio (cuando no existe un riesgo sobre la persona) a costa de privar de la vida al agresor, porque en este supuesto el bien jurídico sacrificado (la vida del agresor) es más valioso que el patrimonio.
No es el mismo caso el del estado de necesidad de bienes iguales, donde ambos titulares de la vida son inocentes. Por eso no es causa de justificación, sino de exculpación.