Desamortizaciones en España: Leyes, Desarrollo y Consecuencias (Siglos XVIII-XIX)
español con un tamaño de 3,28 KBLucha Contra la Amortización y Primeras Medidas Desamortizadoras
El rápido crecimiento de la propiedad eclesiástica alarmó a los laicos debido a que las tierras que pasaban a "manos muertas" se sustraían del pago de cargas tributarias. Las Cortes pidieron a los monarcas que pusieran remedio a esta situación, pero ninguna medida eficaz fue tomada hasta el siglo XVIII.
Los políticos ilustrados de la segunda mitad del siglo XVIII tenían conciencia de la necesidad de proceder a una desamortización para liberar la agricultura española del freno que representaba el que una gran parte de las mejores tierras se hallaran fuera de la circulación. Testimonios de esta actitud fueron los de Jovellanos y Campomanes.
Sin embargo, la primera realización efectiva tuvo lugar con autorización del Papa y fue motivada por la necesidad de atender los gastos de guerra contra la Francia revolucionaria. En 1798, a petición de Godoy, se autorizó la venta de una serie de bienes. En 1808, José I suprimió un gran número de comunidades religiosas y atribuyó sus bienes a la Hacienda. En 1814, la reacción absolutista dejó sin efecto estas medidas, pero el triunfo del constitucionalismo en 1820 permitió organizar una primera desamortización general.
La Gran Etapa Desamortizadora: Mendizábal y Madoz
Entre 1835 y 1837, se promulgaron una serie de disposiciones relativas a la desamortización que suelen ir asociadas al nombre de Mendizábal. Este inició reformas importantes, entre ellas la desamortización de los bienes eclesiásticos. En realidad, lo que hizo fue restablecer las medidas adoptadas en 1820 (supresión de fincas rústicas y urbanas) y extenderlas a las monjas de las órdenes religiosas.
El objetivo de la desamortización era, además de iniciar una reforma agraria, conseguir dinero para las arcas del Estado y crear una capa social de nuevos propietarios para apoyar la revolución liberal. Las tierras fueron subastadas públicamente a partir de 1836 y fueron adquiridas por quienes disponían de títulos de la deuda pública o dinero en efectivo, como la aristocracia latifundista y la burguesía industrial, comercial y económica. Este intento de reforma no consiguió los objetivos previstos.
En 1851, se llegó a un acuerdo con la Santa Sede que aceptaba el hecho consumado de la amortización. La revolución de 1854 impulsó la Ley General de Desamortización Civil y Eclesiástica, apoyada por Pascual Madoz, que puso a la venta el doble de tierras que la anterior desamortización. En 1856, Isabel II autorizó la desamortización de parte considerable de los bienes del Real Patrimonio, destinando un 75% de lo obtenido por su venta a fines públicos.
Consecuencias de la Desamortización
La desamortización no fue una medida agraria ni pretendió serlo. Fue proyectada por hombres que creían ciegamente en el liberalismo económico. Desde finales del siglo XVIII, resultaba evidente que la desamortización era necesaria para eliminar una de las causas que bloqueaban el crecimiento económico en España. Pudo haberse realizado más pronto o más tarde según las circunstancias políticas, pero era una condición indispensable para el progreso de la industrialización española y para la integración de un mercado nacional.