La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
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Durante la primavera de 1923, ya se conspiraba desde dos movimientos distintos. El primero, vinculado a las desaparecidas Juntas de Defensa de Barcelona. El segundo, en Madrid, buscaba canalizar las aspiraciones del ejército de África sobre el futuro de Marruecos. Pretendía la instauración de un gobierno fuerte, dispuesto a resolver los problemas del ejército y del orden público, manteniendo la Constitución y la monarquía.
Miguel Primo de Rivera entró en contacto con este segundo grupo al viajar a Madrid en junio, convocado por el gobierno.
Los Factores del Golpe de Estado
Primo de Rivera dio su golpe de estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. El gobierno, incapaz de reaccionar, acudió al monarca. Alfonso XIII, tras una pausa, apoyó abiertamente al general sublevado, a quien confió formar gobierno. En tres días, España dejó de ser una monarquía parlamentaria para convertirse en un régimen autoritario. El régimen de Cánovas había desaparecido.
Los Apoyos Sociales
El golpe de estado fue posible gracias a la actitud de la burguesía y el movimiento obrero. La burguesía apoyó sin reservas la dictadura. Con esta postura, la burguesía moderna frenaba a la clase obrera y a los políticos de los antiguos partidos, defensores de la España retrasada y terrateniente. La dictadura se estableció porque, al carecer el movimiento obrero de una firme conciencia política, no hubo protestas. Los obreros, quienes sufrirían el peso del régimen, se mantuvieron tranquilos.
El Directorio Militar (1923-1925)
Entre septiembre de 1923 y diciembre de 1925, Primo de Rivera se enfocó en desmantelar el sistema anterior. El Real Decreto del 15 de septiembre estableció un Directorio, presidido por Primo de Rivera, quien concentraba todas las facultades y responsabilidades del gobierno. Primo de Rivera, asesorado por el Directorio, sometía al Rey a firmar todas las resoluciones. Toda la administración quedó en manos del ejército.
Se suspendieron las garantías constitucionales, se destituyó a los gobernantes civiles, se disolvieron las Cortes y, sin suprimirla, se suspendió la Constitución para desmantelar los partidos políticos.
Para separar el poder político del económico, se publicó el Decreto de Incompatibilidades. Este impedía que exministros o funcionarios intervinieran en los consejos de administración de compañías que contrataban con el Estado.
Surgieron dos nuevas estructuras con carácter regeneracionista: la figura de los delegados gubernativos y el Estatuto Municipal de marzo de 1924. Para consolidar el control gubernamental sobre los municipios, nació la Unión Patriótica (UP), que serviría para respaldar las elecciones. No era un partido político, según recalcaba la dictadura, pero tenía mucho de partido único gubernamental.
El Directorio Civil (1925-1930)
En diciembre de 1925, se constituyó el Directorio Civil. El gobierno mantuvo en suspenso los preceptos constitucionales y siguió legislando por decreto. Coincidió con una época de auge económico en Europa, que benefició también a España. La base de sus políticas fue un gran desarrollo de obras y servicios públicos. Con el apoyo del Partido Socialista, se creó una estructura corporativa, a la italiana, para las relaciones capital-trabajo. Se intentó aplicar una importante reforma fiscal que, por primera vez, introducía el impuesto sobre la renta.
La Oposición y la Caída de la Dictadura
La dictadura no supo frenar al movimiento obrero, que progresivamente se fue fortaleciendo. A partir de 1928, el PSOE consideró que, al no existir un auténtico régimen parlamentario, la única salida era la república. El Partido Comunista y los anarquistas de la CNT propusieron lo mismo.
Dos fuerzas contribuyeron a la caída de Primo de Rivera: los intelectuales y el ejército peninsular. Los intelectuales, que nunca aceptaron el régimen, se vieron atacados con la destitución y destierro de Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca.
Los militares destinados en la Península se encontraron con un Primo de Rivera favorable a los militares de Marruecos y poco proclive a los convencionalismos que protegían la carrera militar en la península. El 30 de enero de 1930, Alfonso XIII aceptó la dimisión de Primo de Rivera, encargando a Dámaso Berenguer la formación de un nuevo gobierno.