Estado Social y Democrático de Derecho en España

Tal y como se refleja en el Título Preliminar de la Constitución (artículo 1.1), España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Los poderes públicos se esfuerzan por conseguir cierto grado de satisfacción de las necesidades de la sociedad y especialmente de los colectivos más desfavorecidos. La Segunda Guerra Mundial fue el acontecimiento definitivo tras el cual los Estados tuvieron que reorganizarse económicamente y socialmente.

Las Constituciones surgidas tras la conflagración global tienen como base el Estado social o del Bienestar, en el que todos los ciudadanos deben tener cubiertas unas mínimas necesidades vitales. En Europa, se busca equilibrar la balanza entre el socialismo comunista y el liberalismo económico, alcanzando su cumbre en los años '70, época en la que el Estado alcanza un nivel más alto de preocupación por los derechos sociales del ciudadano. Algunas de sus manifestaciones fueron la sanidad pública, las pensiones, el desempleo, la educación pública gratuita, discapacitados y mujeres.

La Constitución española (CE) utiliza todos estos elementos. En el artículo 9.2 se recogen manifestaciones del Estado social, por ejemplo, en el sistema económico y tributario, el derecho a la propiedad, la herencia, la salud pública, el fomento del deporte y de la cultura, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, el derecho a la vivienda contra la especulación, la participación de la juventud en la sociedad, la protección de los discapacitados o de la tercera edad.

Es importante el artículo 9 de la CE, donde se establece que los poderes públicos se tienen que encargar de la justicia social. Aunque el artículo 38 de la CE configura el modelo económico español como de “eco social de mercado”, diseñando el sistema económico y reconociendo grandes poderes de intervención del Estado en la economía, partiendo del principio de que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general (artículo 128 de la CE).

El mecanismo económico más importante para llevar a cabo el Estado social es la implantación de un sistema tributario progresivo, donde el que más gana, más paga, que es un sistema de redistribución de la riqueza.